Con motivo del reciente terremoto ocurrido en la hermana república de Chile, en Venezuela como es lógico suponer, se reavivan las preocupaciones de los ciudadanos en relación a la probabilidad de ocurrencia de eventos similares que puedan presentarse en el país, y las consecuencias que los mismos pudieran tener en la sociedad.
En ocasión de esta circunstancia, como ha quedado fehaciente demostrado en el caso de Chile, el éxito en la implementación de acciones orientadas a minimizar las potenciales pérdidas tanto materiales como humanas, está íntimamente relacionado al establecimiento en el “antes” de políticas de estado que incorporan la prevención, la mitigación y el fortalecimiento de la cultura institucional y ciudadana ante las posibles emergencias; esto implica el establecimiento de manera concertada de normas de construcción, criterios de planificación del desarrollo, de ordenamiento del territorio, de uso de los suelos, de educación, etc., en base a la evaluación de la variable del riesgo sísmico imperante en la región y a las condiciones de vulnerabilidad de los asentamientos humanos.
En el caso de nuestro país, aún valorando el particular esfuerzo de instituciones como Funvisis, Bomberos y Protección Civil en materia de prevención, debemos tener presente, que en medio de la crisis de gobernabilidad existente en Venezuela, y ante los problemas de escases de insumos fundamentales, las precarias condiciones de los servicios públicos de salud, y la limitada capacidad operativa de los organismos encargados de la respuesta ante situaciones de emergencias vinculados a amenazas tales como sismos, inundaciones, incendios, etc., debemos agregar a la existente vulnerabilidad social y física, las limitaciones que imponen los desencuentros políticos y sociales actuales.
Me resulta sumamente preocupante el imaginarme como será posible el lograr la necesaria actuación coordinada de las instituciones públicas nacionales, estadales y municipales en la respuesta ante emergencias, si estas mismas instancias del poder público no son capaces de concertar planes y programas comunes en condiciones normales.
Como podrán ser eficiente y tener éxito en la atención de situaciones de desastres, cuando las instituciones y entes vinculados no han establecido previamente una adecuada preparación conjunta que vincule a cada uno de los organismos y autoridades responsables (en todos los niveles de gobierno), pues en lo cotidiano se consideran adversarios y hasta enemigos, por cuestiones ideológicas o de militancia política.
Es lamentable evidenciar que la actual situación de diatriba política llevada al interior de las instituciones, además de no corresponderse con el mandato constitucional en materia de protección y seguridad ciudadana, se constituye en un elemento que incrementa las condiciones de vulnerabilidad y agranda el rango de las limitaciones a que nos enfrentaremos a la hora de garantizar el derecho a la vida y el bienestar de todos los ciudadanos en caso de desastres.
@Angelrangels