El gobierno comenzó la convocatoria a los empresarios para discutir la reactivación de la economía. También invitó a las alcaldías y gobernaciones controladas por la oposición a dialogar sobre la inseguridad.
Con el país cayendo en barrena, con una crisis económica y social que a ratos parece inmanejable, se comienzan a escuchar cada vez con mayor insistencia llamados provenientes del chavismo a su más alto nivel para que distintos sectores de la sociedad venezolana se integren a cooperar en áreas y temas específicos. El asunto comenzó con la convocatoria a los empresarios para discutir la reactivación de la economía. A esta iniciativa pronto se le unió la de reunirse y cooperar con las alcaldías y gobernaciones controladas por la oposición sobre el tema de seguridad.
Todo ello con el trasfondo general del diálogo entre el gobierno, la MUD y otros actores auspiciado por UNASUR y el enviado de la Iglesia a propósito de los enfrentamientos violentos de los últimos cinco meses y su horrenda secuela de muerte y represión.
Probablemente no están demasiado apartados de la verdad quienes intuyen una intención maquiavélica en toda esta estrategia de aparente acercamiento de un gobierno que se ha distinguido por su vocación excluyente y negadora de la existencia de la mitad del país que lo adversa. En un cierto modo, el gobierno pretende resolver el equivalente político de un trilema en teoría económica que se refiere a la imposibilidad de reconciliar tres elementos que aparentemente no pueden co-existir simultáneamente: un tipo de cambio fijo, el libre movimiento de capitales y una política monetaria autónoma.
Uno podría hacer una adaptación libre a la situación venezolana y redefinir los tres elementos del triángulo imposible así: (1) La existencia de un gobierno autoritario y excluyente. (2) La participación libre y voluntaria del sector excluido y (3) El buen vivir de la gente. La co-existencia de los tres elementos es contradictoria, y probablemente imposible, pero el asunto está lejos de ser un problema académico y se convierte en algo real y palpable, porque hay una acumulación creciente de evidencia de que esto es precisamente lo que pretende hacer un gobierno que cada vez se siente más acorralado.
La pretensión de saldar el triángulo imposible se traduce en que hay un tufo ineludible a emboscada y a maniobra para dividir a la oposición. Se trata en esencia de hacerla co-responsable de una gestión desastrosa de gobierno sin hacer ningún intento por una apertura política. Ni siquiera una apertura generosa, sino simplemente una ajustada a la Constitución Nacional que ha sido sistemáticamente violentada. El caso de las acciones contra el crimen resumidas en el plan Patria Segura es emblemático: se intenta supuestamente coordinar las políticas de seguridad pública con las mismas gobernaciones y alcaldías de la oposición que han sido objeto de un tiroteo institucional intenso por parte del gobierno y a las que se les niegan los recursos previstos en el ordenamiento legal para su funcionamiento. La emboscada está a la vista: si colaboran con el gobierno se hacen coresponsables de la situación de la inseguridad; si no lo hacen están violentando sus deberes y sabotean la gestión del gobierno. Es decir, malo si lo hacen y malo si no lo hacen.
Lo que se hace en materia de seguridad ha encontrado su eco en otros espacios como la economía, la educación, la salud y la vivienda. El mensaje y la conducta del gobierno son siempre los mismos: opositores bienvenidos a colaborar y compartir el riesgo frente a la gente, pero olvídense de apertura política. Colaboren pero no esperen ninguna compartición del poder, ni siquiera el mínimo respeto por lo establecido en la Constitución.
Y a quienes protesten, represión y cárcel, o ambos.
El reto que esta conducta del gobierno le presenta a la oposición es brutal y no puede ser minimizado. Entre otras cosas por una razón muy simple: es verdad que el país se está cayendo a pedazos y también que el gobierno puede perder el férreo control que hasta ahora ha logrado ejercer sobre la conflictividad social; abriendo así la puerta para un estallido social que se salga de cauce y que puede conducir a un escenario de violencia y de enfrentamiento civil de consecuencias nefastas e impredecibles.
Como en muchas otras situaciones que constituyen el complejo quehacer político de la oposición en Venezuela, aquí también se impone entender a fondo la estrategia del régimen y actuar en consecuencia. No dejarse arrinconar como sector a quien no le interesa la vida de la gente, pero tampoco intentar compartir la gestión pública sin garantías políticas claras, como por ejemplo el nombramiento del CNE, ni aceptar la desmovilización de la protesta popular por el desastre en que se ha tornado la existencia en Venezuela, como condición para el diálogo.
Las nuevas urgencias de un país que se deshace, le plantean también inmensas dificultades a un gobierno que se ha preciado de todopoderoso y que ahora observa con mucha preocupación que cada vez le es más difícil ignorar el malestar de la gente. Quizás en entender esta dinámica de apertura y emboscada en que se debate el gobierno y actuar en consecuencia esté la clave para retomar algún diálogo realista en un país que lo requiere desesperadamente.