Este gobierno está acostumbrado a acusar a agentes externos a él por los problemas que crea su ineficiencia, cuando hay un problema de desabastecimiento es “la guerra económica”, repunte de enfermedades es “guerra bacteriológica”, y ante el contrabando de extracción permitido en la frontera por quienes deberían cuidarla, pretende tomar medidas que nos perjudiquen a todos los ciudadanos por igual, catalogándonos a todos de bachaqueros implícitamente.
El gobernador del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas viene anunciando desde que comenzó su gestión con implementar en esta región un chip que controle la cantidad de gasolina que los carros pueden surtir. Lo vende como una medida que acabará con el contrabando de extracción hacia la vecina Colombia, que terminaría con las colas en las estaciones de servicio y daría un gran beneficio a la República, ahorrándole miles de dólares que se pierden por el contrabando de gasolina. Todo esto suena muy bien pero tiene un pequeño problema, nos presume a todos los habitantes del estado Zulia como bachaqueros.
Cuando una política pública es planteada, se supone que sea implementada para solucionar un problema, no para agravarlo. El controlar la cantidad de combustible que los ciudadanos surtimos, cuando la inmensa mayoría lo hace para movilizarse, o para trabajar como medio de transporte y no para “bachaquear”; se convierte en una nueva traba basada en las viejas teorías comunistas de que mientras más controle el Estado a los ciudadanos mejor se vela por los intereses de la mayoría, teorías obsoletas y inspiradas en una desconfianza hacia el individuo. Por ello la medida debe ser aplicada a todos, porque en esta “revolución” la presunción es de culpabilidad.
Pero la medida no es solo injusta, es completamente ineficaz en la lucha contra el contrabando, así como el capta huellas ha demostrado ser una medida inútil para combatir la extracción de alimentos, así, donde se ha implementado el llamado “chip de la gasolina” no solo no ha frenado el paso de gasolina hacia Colombia sino que se ha creado un mercado negro interno en pleno territorio venezolano, esto es algo que puede comprobar cualquiera que se dirija al estado Táchira y a los municipios zulianos donde esta medida ya está en vigencia. El lector puede emprender un viaje por la Machiques-Colón y notar las kilométricas colas que se forman justo antes de entrar al municipio Catatumbo, donde ya controlan por medio de chip la cantidad de combustible a surtir por vehículo.
Si no bastara con la constatación de que en las zonas donde esta medida impera surgen mercados negros de gasolina, además los datos del Ministerio de Energía señalan que la cantidad de gasolina que se fuga a la hermana Republica se ha incrementado hasta llegar a unos 100.000 barriles de gasolina.
Pero la teoría de que el Estado es quien debe controlar a los ciudadanos, se cae por su propio peso, ¿quien se supone que debe controlar la frontera por donde el mismo gobierno reconoce que pasan gandolas cargadas de gasolina? Si el gobierno no puede controlar a sus propias fuerzas armadas ¿Cómo pretende controlar a millones de persona que vivimos en los estados fronterizos? Para el gobierno “bolivariano” los venezolanos no somos ciudadanos somos toso presuntos “bachaqueros”.