El Ministerio Público logró privativa de libertad para cuatro hombres de nacionalidad colombiana, por estar presuntamente involucrados en la muerte de cuatro pescadores, ocurrida la noche del lunes 2 de febrero en la fundación Los Cocos, lindero del Hato La Pregunta, ubicado en la parroquia Bruzual, municipio Muñoz de esa jurisdicción.
En la audiencia de presentación, el fiscal 5º de esa jurisdicción, Diógenes Tirado, imputó a Rubén López, Reinaldo Galvis, Francisco Jaramillo y Héctor Marín por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y agavillamiento, en perjuicio de Yaucardo Nicanol González (40) Víctor Manuel Ochoa (31) Carlos Alberto Betancourt (24) y Ulises del Real Baldomero (21).
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal.
De acuerdo con los elementos de convicción presentados por el fiscal del Ministerio Público, el Tribunal 2º de Control de Apure dictó medida privativa de libertad contra los hombres y fijó como sitio de reclusión sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ubicada en San Fernando de Apure.
Según información preliminar, el citado día los cuatro pescadores se encontraban a orillas de río Apure en los linderos del mencionado hato cuando presuntamente los colombianos los atraparon, los mantuvieron en cautiverio durante un día y posteriormente dispararon contra ellos.
Una de las víctimas, aprovechó el descuido de los colombianos y logró comunicarse con sus familiares indicándole que los cuidadores del referido hato los mantenían cautivos.
Al sitio llegaron los familiares quienes encontraron los cuerpos de los pescadores en el hato La Pregunta, por lo que informaron a los funcionarios de Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Posteriormente, López, Galvis, Jaramillo y Marín fueron aprehendidos por los efectivos castrenses.
Una vez que los detenidos fueron trasladados al comando de la GNB ubicado en Bruzual, un nutrido grupo de personas se acercó al sitio con la intención de atacarlos.
Durante la concentración fueron incendiados un vehículo y tres motocicletas de ese componente militar.
Por estos hechos fueron imputadas Lisbeth Ojeda La Cruz y Ana María La Cruz (madre e hija), por presuntamente incurrir en los delitos de: daños a bienes del estado y resistencia a la autoridad.
En este sentido, la mencionada instancia judicial acordó que las imputadas presenten dos fiadores por un monto de 80 unidades tributarias cada una, equivalentes a 10.160 bolívares, así como la presentación periódica cada 15 días ante el tribunal.
Vía: Panorama.com.ve