El comentario de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre las próximas elecciones en Venezuela fue demoledor.
Almagro es citado en el artículo OEA lanza duras críticas contra sistema electoral venezolano, de Antonio María Delgado, periodista de el Nuevo Herald. El funcionario envió una carta a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en la que destaca numerosas irregularidades en el proceso electoral del país sudamericano.
El secretario de la OEA manifestó en su carta que la oposición venezolana compite con gran desventaja frente al oficialismo, que utiliza los cuantiosos recursos del Estado para apuntalar a sus candidatos en los comicios que se celebrarán el 6 de diciembre.
El gobierno venezolano, señala Almagro, usa además los medios de comunicación para transmitir el mensaje de sus aspirantes, mientras los opositores tienen un acceso muy limitado a los medios informativos.
Este último aspecto es alarmante y pone de relieve el marcado retroceso de la prensa independiente en Venezuela, donde desde los tiempos en que gobernaba el difunto Hugo Chávez, el régimen puso en marcha un asedio tenaz a los medios de difusión masiva. Muchos medios independientes han cerrado o han reducido su presencia en el mundo informativo; otros han sido adquiridos por el Estado, tras lo cual han cambiado radicalmente su línea editorial.
El gobierno de Nicolás Maduro, según acusa Almagro, utiliza además empleados públicos y recursos estatales para apoyar las campañas de los candidatos chavistas.
La competencia es injustamente desigual. Los aspirantes oficialistas tienen todas las ventajas. El secretario general de la OEA señaló en su carta a Lucena que el Consejo Nacional Electoral no está garantizando el nivel de “transparencia y justicia electoral” que debería llevar a los comicios.
Pero el abuso no se detiene ahí. El régimen de Maduro ha empleado también la estrategia de inhabilitar a líderes populares para que no puedan aspirar a cargos públicos en las elecciones. Entre ellos figura el dirigente de la agrupación Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a 14 años de cárcel por su participación en las protestas antigubernamentales de febrero del 2014, en un proceso empañado por irregularidades y arbitrariedades, que el propio Almagro ha puesto en tela de juicio al decir que las acusaciones contra López no estaban respaldadas por pruebas.
También está inhabilitada electoralmente la ex diputada María Corina Machado, una dirigente con un enorme respaldo popular que captaría un gran número de votos si estuviera en las boletas.
Los abusos e injusticias denunciados por Almagro en su enérgica carta a la directora del Consejo Nacional Electoral revelan el carácter despótico del régimen chavista. Pero también revelan el temor que sienten Maduro y sus seguidores de perder en la consulta electoral, a pesar de todos sus alardes.
Maduro ganó la presidencia en el 2013 con un escueto margen frente al líder opositor Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, en una elección cuya legitimidad fue cuestionada por muchos, entre ellos el propio Capriles. Maduro sabe que su nivel de popularidad está por los suelos y que la consulta electoral del 6 de diciembre podría ser un revés para su gobierno si no toma las medidas oportunas para que el chavismo conserve el poder. Esas medidas abusivas son las que el secretario general de la OEA acaba de denunciar. Los líderes del hemisferio deben seguir el ejemplo y alzar su voz en defensa de las aspiraciones del pueblo venezolano.