Estudio Flash Telefónico – Contexto Venezuela – Enero 2016 / Pregunta / El pasado 5 de Enero se instaló el Parlamento Nacional, ¿Cree usted que la nueva AN trabajará para buscar el bienestar de todos los venezolanos y del país? Inducida
La pregunta que todo venezolano se hace, quizás menos los chavistas, por qué el gobierno de Nicolás Maduro propuso ante la nueva Asamblea Nacional un decreto de emergencia económica y porque no lo pasó por el parlamento anterior donde tenían mayoría para aprobarla.
Para muchos especialistas en macroeconomía, el gobierno nacional no quiere entender la etimología de la palabra crisis, actúa de manera irracional, incluso en contra de sus propios intereses del proyecto político chavista. Sin temor a equivocarme lamentablemente vivimos tiempos complejos, dentro de una guerra no de ganar / ganar sino de tal vez de perder/ perder, de desgaste, el que tiene todo que perder es el gobierno. En la práctica los nombramientos de los nuevos ministros de la economía dejan muchas dudas, por ejemplo el novel ministro Salas raya en lo grave, ha afirmado que la inflación no existe sino que es producto de la tasa de ganancias de las empresas, los nuevos magistrados, la reforma de la Ley del Banco Central, la suspensión de los invitados internacionales y todas las amenazas durante la campaña electoral para elegir a los nuevos diputados. El gobierno está funcionando como si no razonará en lo que está inmerso. Mientras la oposición no tiene nada que perder, la dinámica proyecta hacia la agudización de los problemas.
Para el análisis es relevante lo que dijo en días pasados el presidente de la Asamblea nacional, Henry Ramos Allup, su discurso tiene lógica, la crisis no es de la época de Maduro, la crisis viene de Chávez. La política económica es de tiempos de Chávez. La emisión de billetes sin control viene de Chávez, el régimen cambiario es de la época de Chávez, los ministros de la economía venían de Chávez, como ideólogo y mentor contaban con el Ingeniero Giordani. Era evidente, que existía una guerra política de Chávez contra los empresarios venezolanos, en otras palabras hacia el sector privado. Toda esa realidad derivo en el desgaste del gobierno que fue la razón para el cambio, la mayoría de la gente antes de las elecciones ya decían que no creía en el cuento de la guerra económica y el pasado 6D emergió un voto castigo articulado al desamor por la revolución.
Pareciera sospechoso que el gobierno antes que finalizara el año 2015 sancionó varias leyes del BCV, cambios a la ley de administración financiera y ISLR y Mercado de Capitales. No obstante, no aprobó nada de que hablara de la emergencia económica incluso el gobierno se aprobó Bs. 195 millardos en créditos adicionales, la nueva Asamblea Nacional tiene el desafío preguntarles a los ministros del área económica ¿Dónde están los dólares petroleros que entraron de manera significativa entre 2000 y 2014? El parlamento debe exigir las cifras para conocer en concreto la magnitud de la crisis e interpelar a los verdaderos responsables.
Un gobierno que aún le vende a los venezolanos ilusiones, además insiste en una guerra económica, nombra a un ministro que piensa que el sector privado es un problema económico, no necesita decretar una emergencia económica. Solo necesita interpelarse, darse cuenta de sus diversas y continuas equivocaciones, mirar los “logros” con detenimiento de su modelo económico.
Seguramente no se necesitas un decreto de emergencia económica, para acabar con los desequilibrios de la macroeconomía, tal vez la pieza en el ajedrez sea la verdadera voluntad política y comprender la complejidad de la crisis. Para realizar cambios en política fiscal, monetaria y cambiaria solo falta ser gobierno. Debemos recordar que las competencias de la Asamblea Nacional apuntan en legislar no para dictar política económica que sirvan de salvavidas a la revolución bolivariana. Es decir, decreto de emergencia económica le quitaría competencias a la Asamblea Nacional, la cual, ha sido puesta en entredicho por el Tribunal Supremo de Justicia y la propia bancada parlamentaria oficialista.
En síntesis, la comisión decidió que lo planteado por el decreto no resolvía sino agravaba más la crisis, decreto que argumentaba la ficticia “guerra económica”.
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