La parlamentaria ratificó la nulidad de la designación de los magistrados del máximo Tribunal venezolano, por parte de la Asamblea Nacional; y dijo que el Parlamento está facultado para revisar el acto administrativo y corregirlo. Agregó que sí se enviará informe a la Fiscalía, pero no para su revisión, sino para que se estudien las responsabilidades penales en que incurrieron quienes hicieron el acto ilegal
“Aquí no estamos removiendo a ningún magistrado; aquí lo que se les está diciendo es que no se cumplió con los procedimientos establecidos en la Ley, y como tal: su nombramiento es nulo”. Las declaraciones corresponden a la diputada de la Unidad, Sonia Medina, quien indicó este martes que por tal motivo, en la Asamblea Nacional “vamos a continuar las recomendaciones de la comisión: vamos a llamar a un Comité de Postulaciones, vamos a nombrar los magistrados del TSJ”.
A propósito de las declaraciones del Contralor de la República, Manuel Galindo, quien cuestionó una eventual destitución; la parlamentaria tachirense reiteró que “no se está removiendo a nadie”. En entrevista con Venevisión, dijo que “estamos actuando apegados a la Ley”.
Medina lamentó que el funcionario no tenga la misma premura para actuar en los casos que se han llevado “a nivel del Poder Moral y de la propia Contraloría General de la República, en respuesta a tantos actos de corrupción que hay en este país”.
Explicó que “no se puede ‘remover’ (a los magistrados) y dijo que se ha manipulado con el término: “Efectivamente, la AN no está removiendo a ninguno de los diputados. Tú puedes remover a alguien que en el momento tenga una designación que le sea dada por un acto administrativo legal, en el que se cumplieron los requisitos; en este caso, eso no ocurrió”.
Dijo la abogada que en el seno de la comisión encargada de investigar el nombramiento, se escuchó el testimonio de dos magistrados que explicaron cómo fueron coaccionados a firmar una solicitud de jubilación. En ese sentido, “lo que está haciendo la Asamblea Nacional es revisando el acto administrativo que emitió un Comité de Postulaciones Judiciales, que además estuvo viciado. Según la ley, el presidente (de ese comité) debía ser nombrado por la AN en plenaria, eso no ocurrió. Si un organismo está viciado, evidentemente que los actos que emanaron de allí lo están; amén de que no se cumplieron los procedimientos establecidos, ni siquiera con los actos: allí hubo impugnaciones que fueron desechadas, no se abrieron las incidencias”.
Sostuvo la diputada de Voluntad Popular, Sonia Medina, que se “demostró con documentos, de manera muy seria, que es un acto que está viciado de nulidad absoluta. La Ley orgánica de procedimientos administrativos es muy clara y establece que cuando un acto administrativo es dictado por un ente; en este caso, la AN, la Asamblea Nacional puede revisar sus propios actos y es lo que estamos haciendo. Aquí no estamos removiendo a ningún magistrado, aquí no se está destituyendo a ningún magistrado; aquí lo que se les está diciendo es que su nombramiento no cumplió con los procedimientos establecidos en la Ley, y que como tal: su nombramiento es nulo, está viciado de nulidad absoluta”.
“La Fiscal General está errada”
Con respecto a las declaraciones de la Fiscal General de la República, según la cual: para poder nombrar nueva directiva del Tribunal Supremo, la denuncia debe pasar por Fiscalía, dijo que Luisa Ortega Díaz “está actuando de manera errada. Nosotros estamos en la revisión de un acto administrativo que emanó de la propia Asamblea Nacional”.
Abundó que si el acto fuese emanado del Poder Moral, “nosotros como Parlamento, por la auto-tutela de los actos administrativos, que es en la cual nos estamos orientando y es lo que establece la ley, no pudiéramos revisar ese acto, lo debería revisar el Poder Moral”.
“En este caso, sí debería revisarse (en el seno de la AN), y sí deberíamos enviar el informe a la comisión de contraloría y a la Fiscalía para que se tomen en cuenta quiénes incurrieron en responsabilidad incluso penal, al nombrar a unos magistrados que no tenían las cualidades, las condiciones, ni los currículos necesarios para estar en la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia”.
Nota de prensa