A través de un circular, la Contraloría General instruyó a sus instancias locales y regionales a no responder las solicitudes hechas por el parlamento, a propósito de las atribuciones de investigación sobre rendición de cuentas y citación de funcionarios, que posee este cuerpo, publica El Tiempo.
En oficio número 01-00-000147 de fecha 17 de marzo, dirigido a los contralores estadales y municipales, se advierte que “todo requerimiento realizado por el Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional (AN), sus comisiones permanentes o subcomisiones, o comisiones delegadas, diputados o diputadas deberá ser remitido en original a esta entidad fiscalizadora superior (Contraloría General) a los fines de su estudio y consideración bajo el marco constitucional y legal”.
La notificación firmada por el contralor Manuel Galindo fue dada a conocer por el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, a través de su cuenta en Twitter.
“La contraloría no sólo incumple sus deberes al alcahuetar la corrupción del régimen, sino que impide que la AN investigue”, escribió Ramos Allup.
Vale apuntar que el primero de marzo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio a conocer una sentencia en la que ponía límites para la función contralora del legislativo, y en particular señaló que el control político no se aplica sobre los poderes judicial, ciudadano y electoral ni tampoco sobre gobernaciones y alcaldías.