¿Cómo pudiera calificarse un proceso judicial dónde no existen pruebas de delito alguno, se viole el derecho a la defensa del acusado y abunden las razones para su anulación? En cualquier país del mundo donde impere la ley se le consideraría un esperpento, adefesio, despropósito o disparate jurídico; pero en Venezuela es evidente que se trata de un juicio político.
Este es el caso del juicio que se le sigue a Manuel Rosales a quien, por cierto, no se le acusa de daño al patrimonio público, ni de una obra mal ejecutada, ni de dinero sustraído. En otras palabras, a Manuel Rosales no se le acusa de corrupción. En la audiencia, se demostró que Manuel Rosales nunca tuvo bienes en Estados Unidos, ni bienes mal habidos. El juez lo reconoció durante el acto judicial y desechó las pruebas falsas en su contra. También reconoció que hubo violaciones a sus derechos, pero de todas formas lo enjuicia y lo mantiene preso en El Helicoide.
La Fiscalía violó el derecho de Manuel Rosales a la defensa al no ser notificado de la ilegal reapertura del “Archivo Fiscal” decretado en 2006, después de dos años de investigaciones, sin encontrar indicios en su contra. Además, a Manuel Rosales no se le permitió probar que sus ingresos siempre fueron lícitos y, por si fuera poco, a sus abogados se les impidió el acceso a la investigación para que pudieran accionar en su defensa.
En esas condiciones, tal juicio, que ha debido ser anulado, entre otras razones por violación al debido proceso y por fundarse en un expediente contaminado con elementos reconocidos por falsos, prosigue en las peores condiciones para el acusado. ¿Por qué impedirle a un hombre que regresa al país por su propia voluntad, después de varios años de exilio, que enfrente su juicio en libertad? ¿Por qué un “pran” de cualquiera de nuestros siniestros centros penitenciarios goza de libertad para seguir delinquiendo, junto a cientos de peligrosos delincuentes que igualmente andan libres con medidas especiales, y se le niega a Manuel Rosales un juicio en libertad?
La única denuncia del juicio que enfrenta Manuel Rosales es por haber obtenido ingresos no justificados durante cuatro años (2000 al 2004) por la cantidad de 147 mil bolívares. Tal cantidad, que es producto de sus dividendos de la “Agropecuaria La Milagrosa”, se encuentra debidamente soportada en los libros contables y recibos de pagos que demuestran su origen. Pero también existen los soportes del pago de impuestos al Seniat, tanto de Manuel Rosales como de la Agropecuaria La Milagrosa, que lo respaldan.
En todo caso, queda claro que en esta lógica perversa, cualquier excusa es buena para darle forma a un juicio político y privar de libertad a cualquiera que piense distinto al poder. El tema es que bajo esta lógica se construye una situación en la que absolutamente nadie se encuentra a salvo. Es el retorno al Estado de Naturaleza de Hobbes: “Homo homini lupus” y también a las operaciones de purga interna que cada cierto tiempo se producen en los círculos de poder totalitario, tal como ocurrió en la “Noche de los Cuchillos Largos” u “Operación Colibrí”. Es precisamente por eso que el mundo civilizado prefiere la democracia, el estado de derecho y la preservación de la libertad antes que a la barbarie.
Diputado a la Asamblea Nacional
Caracas, viernes 15 de abril de 2016