Una denuncia ante varias instancias regionales, nacionales e internacionales contra el coronel Ramón Cabezas, Secretario de Seguridad Ciudadana de la gobernación del estado Táchira, introducirán la próxima semana los abogados Jesús Alberto Berro y Clara Ramírez, en representación de la Asociación de Empaquetadoras y Distribuidoras de Alimentos del estado Táchira, quienes señalaron que uno de sus agremiados, Nelson Gómez, fue saqueado prácticamente por orden del Coronel Cabezas a pesar de que cumplía con todos los requisitos legales para empaquetar y distribuir arroz, a quien le decomisaron y se llevaron de su negocio más de 700 sacos de ese producto.
Recordaron los abogados que el día jueves, el señor Nelson Gómez, fue víctima de un intento de saqueo cuando se desplazaba uno de sus camiones entre San Josecito y San Cristóbal, y al averiarse intentaron saquearlo, pero gracias a la actitud diligente del general Morantes Torres se evitó que fuera despojado de la mercancía que traía. Sin embargo el día viernes en horas de la noche, el coronel Ramón Cabezas se presentó a la distribuidora Bicentenario ubicado en Paramillo, en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal y señaló que cumpliendo instrucciones del gobernador, José Gregorio Vielma Mora y de la diputada del Consejo Legislativo Regional, Nellyver Lugo, se estaba reteniendo esa mercancía.
Igualmente relataron que los integrantes del Sundee (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos) y de Sunagro (Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria) “se negaron a firmar este procedimiento, señalando que no había irregularidades, ante lo cual el coronel Ramón Cabezas les dijo textualmente ‘o ustedes hacen el procedimiento de decomiso o yo ordeno que le pongan los ganchos’”.
Esta actitud represiva del Coronel Cabezas es rechazada por los abogados Berros y Ramírez, quienes señalaron que van a hacer la denuncia ante el Consejo Legislativo del Táchira, del cual destacaron que en varias oportunidades han atendido de manera diligente a los integrantes de las empresas empaquetadoras y distribuidoras de alimentos. También resaltaron la colaboración del general Morantes Torres de la ZODI Táchira, de la Policía Nacional Bolivariana, Politáchira y de la policía municipal, “lo cual contrasta con la actitud soberbia y represiva del Coronel Cabezas, quien no solamente se ha comportado así con el agremiado Nelson Gómez, sino que ha procedido de manera similar con otros empresarios”.
Comentaron que entre los pasos a seguir está el formalizar la denuncia ante el Ministerio Público, ante la Defensoría del Pueblo y ante la Fiscalía Militar por la actitud de este funcionario público que está obligado a cumplir con la Constitución y las leyes de la República, reservándose actuar de manera penal y demandar civilmente por daños y perjuicios en contra de Nelson Gómez y los intereses económicos de su empresa, “a quien se le violó el debido proceso garantizado por la Constitución de la República, se le violó el derecho al trabajo, así como la seguridad agroalimentaria y también el derecho a la libertad de empresa”.
Peligro para surtir al Táchira
Los empresarios sienten profundo temor ante esta situación represiva y están evaluando tomar una decisión colectiva de reducir la cantidad de mercancía que puedan traer al estado Táchira mientras no se les brinde la seguridad jurídica y la seguridad de orden público para poder transitar, porque no solo están expuestos al saqueo a lo largo de la ruta hacia San Cristóbal, sino que al llegar pueden ser blanco de un “saqueo oficial” que pretenden algunos funcionarios de seguridad, encabezados por el Coronal Ramón Cabezas.
Esta Asociación de Empaquetadores y Distribuidores de Alimentos agrupa a más de 100 pequeños y medianos empresarios, quienes están afiliados a Aceta, la Asociación de Comerciantes del estado Táchira, así como a Fedecámaras Táchira, a cuyos gremios le van a pedir un pronunciamiento al respecto, para que defiendan los intereses de los asociados, ya que todos se han pronunciado sobre su contribución para resolver el problema de escasez de alimentos, para lo cual se requiere de la seguridad correspondiente por parte del gobernador del estado.
También señalaron los abogados que el gobernador tiene que aclarar por qué el coronel Ramón Cabezas actúo en su nombre, porque si el jefe de estado regional ha señalado que está del lado de los empresarios no se entiende el motivo por el cual sus subalternos actúan de manera represiva, violando la Constitución y las leyes de la República.