Néstor Rincón: Advertencia, Venezuela 2017 ¿Plan con sociedad civil o correrá sangre?

Néstor Rincón: Advertencia, Venezuela 2017 ¿Plan con sociedad civil o correrá sangre?

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The Economic una de las revistas de análisis económicos más reconocidas del mundo, concluyo recientemente que: “Venezuela ha tenido la peor administración de la historia de la humanidad” – y agregamos sin dudar – y el mayor desfalco de dinero público de la historia (un monto equivalente a 25 planes Marshall para la reconstrucción de toda Europa después de la guerra).

Por Néstor Rincón @Nestorrinconf





Esto ha generado un caos de pobreza y bandidaje, pero al mismo tiempo develo un loco, increíble e inexplicable contraste, por un lado, el mayor ingreso de divisas que jamás algún país haya recibido, y por otro, los peores resultados en materia de desarrollo humano y calidad de vida de todos los tiempos, y la peor gestión pública de la humanidad.

¿Disparatado verdad? Bien, esto ha sucedido porque a diferencia de los demás países, los venezolanos en representación de la Sociedad Civil, no nos hemos propuesto organizar una acción efectiva que obligue a los presidentes de la República, Gobernadores y Alcaldes de turno, a cumplir la ley, y en particular, la que los obliga a consultar la opinión de los ciudadanos para la asignación de recursos públicos a través de los Consejos de Planificación Pública, que son los órganos responsables de coordinar los debates de equipos técnicos para el diseño y ejecución de los Planes Estratégicos, tal como lo ordena el artículo 299 de la constitución. Esta es la primera premisa para salir de la crisis. En Venezuela no se consultan a los ciudadanos para nada, excepto para manipularlos a la hora de ponerlos a “votar” entre el menos malo en cada elección. Lo hemos padecido con un pañuelo en la nariz muchas veces en el Zulia y en las próximas elecciones, podría ser igual si no actuamos. En cambio en Suiza por ejemplo, la consulta es obligatoria para todas las decisiones que tienen que ver con la administración de los recursos públicos, en Chile y Colombia también.

Hemos permitido que la asignación de presupuestos se haga de manera loca e improvisada, atendiendo solo al capricho del populista de turno sea en una gobernación, alcaldía o ministerio. La mediocridad y corruptela se ha hacho dueña de la situación, apoyada en la más absoluta discrecionalidad autoritaria, donde cúpulas de allegados hacen todo tipo de negociados fraudulentos. Esa es la principal causa del vil empobrecimiento de los venezolanos, y así lo denunció hace días el Papa Francisco. Les pregunto, ¿es una opción, seguir de brazos cruzados ante este modus operandi y permitir el más descarado robo de recursos públicos, o debemos organizarnos para parar esto de una buena vez y para siempre? Creemos que es el momento.

Hablando de los pobres el Papa Francisco ha dicho: “Pecadores si, corruptos no” dejando claro cuánto daño hacen los corruptos populistas y manipuladores a los mismos pobres, que los eligen y mantienen en el poder.

Los gobernantes corruptos han utilizado por años la falsa y burda excusa de la “emergencia” para otorgar contratos sin licitaciones públicas y transparentes. Estamos obligados a parar esto. Debemos exigir que los ciudadanos tengamos acceso público a todos los procedimientos licitatorios, está es la segunda premisa para salir de la crisis de Venezuela.

En nuestro propósito por ayudar al país a salir de la crisis, la fundación Propuesta País se ha planteado dos objetivos claros para el 2017. Primero, lograr que el ciudadano común conozca, entienda, apoye y se comprometa, con las acciones para exigir que la asignación de recursos públicos se haga mediante la consulta abierta a ciudadanos y a instituciones especializadas, como universidades, institutos de gerencia y estrategia a través de los Consejos de Planificación Pública de cada ciudad y estado del país, y segundo, que los ciudadanos asumamos el compromiso de solicitar por todas las vías legales y judiciales, se permita el acceso público a los informes de las cuentas de las partidas de gastos e inversiones de los presupuestos públicos, y poder comparar lo invertido con los resultados obtenidos, así lo ordena el artículo 315 de la Constitución. Como quiera que la causa de la crisis es la mala administración de los recursos públicos, en esto coincidimos todos los venezolanos, el logro de los objetivos planteados por la fundación, es el único camino seguro para garantizar una buena administración de los recursos públicos, y en consecuencia, comiencen a producir buenos resultados, y así los venezolanos puedan salir de la pobreza y se recupere la clase media; lo demás, ya lo conocemos, pura politiquería ruinosa, la misma que despliega su conocida estrategia de polarización a través de “insultos estruendosos” de lado y lado para engañar al inocente ciudadano y mantenerse en el poder.

La Iglesia Católica a través de Monseñor Diego Padrón y el Padre Jesuita Arturo Sosa honrados voceros de la sociedad civil venezolana, han hecho un aporte invalorable al denunciar que partidos políticos de Venezuela no tienen un Plan para el País, -nosotros agregamos- ni para sus estados y ciudades. A esta denuncia se sumó el señor Chuo Torrealba, cuando esta semana declaro, que la MUD debe reestructurarse y presentar un Plan País, integrando en él la opinión de los ciudadanos. Tímida y retrasada confesión, pero vale, confirma que la MUD no tiene ningún plan país y que sus decisiones, como consecuencia de lo anterior, también son improvisadas. En adelante, deberán ser consultadas a los ciudadanos. Veremos.

En la gestión pública de cualquier país, medianamente democrático, consultar a los ciudadanos la asignación de los presupuestos públicos constituye una obligación principal, común y ordinaria. Esto lo hacen mediante convocatorias organizadas y reuniones con equipos técnicos. Las conclusiones de estas actividades de consultas, producen recomendaciones, que la vez son asumidas dentro de los planes de desarrollo de cada ciudad y estado. Esto se une a otra obligación y rutina de trabajo diario, la rendición de cuentas. Cada partida presupuestaria tiene un responsable, que debe estar identificado con su nombre y apellido, y otorgar garantías para ejercer su cargo. Estos funcionarios deben presentar cuentas y mostrar los resultados obtenidos por las inversiones realizadas, mostrando a través de indicadores de gestión el porcentaje de cumplimiento. Repito, esto es algo común y corriente en todo el mundo menos en Venezuela. Este método ya produjo el desarrollo de Estados Unidos, Europa y los países asiáticos, y en este momento está produciendo excelentes resultados de desarrollo socioeconómico en Perú, Chile, Colombia, Ecuador y en el resto del mundo.

Teniendo clara la causa que nos trajo a este caos, nos toca identificar los obstáculos que tiene Venezuela para lograr los objetivos propuestos por la fundación y con ello salir de la crisis.

El principal obstáculo para salir de la crisis son los mismos funcionarios, dirigentes y partidos políticos, que sistemática e intencionalmente hacen firme resistencia a permitir la consulta de ciudadanos a la hora de la asignación de los presupuestos públicos. Su estrategia es, menospreciar la consulta y el funcionamiento de los Consejos de Planificación. Los mismos funcionarios que violan la ley, en una especie de desdoblamiento, se autoreclaman o cruzan acusaciones de los malos resultados de su propia gestión. Eso sirve para mantener el engaño. Recuerdan los “regaños” públicos a funcionarios. La razón de esta inescrupulosa actuación se debe al hecho, que en su populista y autoritaria concepción del poder, no conciben ni aceptan, la consulta ciudadana. Imponen la improvisación y asignan los recursos como les da la gana, sin ningún orden de planificación ni rendición de cuenta. Esa forma de “asignar” los recursos públicos encerrados en sus oficinas, les permite hacer negocios de todo tipo. La sociedad luce a veces cómplice y otras reprimida.

Encarados y descubiertos cada día por mas ciudadanos, algunos “veteranos políticos” pavoneándose responden con burdas excusas: “tienen razón, si hacen falta los planes, y rendir cuentas, pero tenemos que esperar el cambio de gobierno”, otros por ignorancia o maldad, llaman a cualquier cosa que se les antoje, un plan, como para en lodar el valor de la planificación y dicen: “nosotros tenemos un plan para convertirnos en potencia”, pero la prensa enseña fotos de personas comiendo basura. Ni unos ni otros, se atreven a explicar cuándo, dónde y quienes elaboraron esos planes, y menos, donde se cumplió la consulta abierta a los ciudadanos como ordena el artículo 299 de la constitución, a través de los Consejos de Planificación. Si se dieron los debates para establecer los objetivos, si se hizo algún análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada ciudad y estado del país. La verdad, nunca han hecho un Plan de consulta abierta y sospechamos que no lo harán porque no les interesa. Solo si nos organizamos para exigirlo con firmeza los obligaremos hacerlo. Ellos prefieren seguir improvisando para favorecer sus intereses, otorgando contratos de obras y servicios amañados sin licitaciones públicas y transparentes, amparadas en complicidades de todo tipo y la más vulgar impunidad de la justicia. Allí está el ejemplo del caso judicial de la empresa brasileña Odebrecht. Según la investigación en curso, entrego en Venezuela 98 millones de dólares en sobornos, por “obras ejecutadas” en nuestro país, las preguntas obligadas son: ¿a qué obras le aumentaron las partidas para sacar semejante cantidad de dinero? ¿Una de ellas será el tantas veces ofrecido y nunca culminado “puente Nigale” en el Lago de Maracaibo? ¿A quienes les entregaron ese dinero?

Con mínimas excepciones, alcaldías, gobernaciones y ministerios de Venezuela hacen la repartición de los presupuestos públicos en pequeños círculos de poder a espalda de los ciudadanos. Todo es un desorden creado por ellos mismos, para hacer más difícil la detección de hechos de corrupción, con lo cual, al mismo tiempo, le hacen perder al país miles de oportunidades de inversión y generación de nuevas fuentes de trabajo, la generación de más pobreza y la desaparición de la clase media.

Si de verdad queremos salir de la crisis, los venezolanos tenemos que asumir el deber moral con Venezuela de dejar de ser cómplice por omisión o resignados por miedo. Debemos rechazar los sobornos y migajas envueltas en bolsas de plástico y toda prebenda que no sea el producto de nuestro trabajo honesto. En este sentido hacemos un llamado a los gremios universitarios, de profesionales, empresariales, comerciantes, sindicales, ganaderos, campesinos, indígenas y vecinales, a pronunciarse, y crear sus propios comités de defensa de la participación ciudadana para la asignación de los recursos públicos y rendición de cuentas.

Debemos asumir la responsabilidad de elegir nuevos gobernantes capaces, honestos y comprometidos con planes de desarrollo para cada una de nuestras ciudades, estados y el país.

En 2017 aceleraremos las acciones para lograr que todos los ciudadanos se incorporen a la lucha para exigir a los gobernantes de turno consulten a los ciudadanos la asignación de los recursos públicos y rindan cuentas a través de los Consejos de Planificación.

Ya lo dijo el Nuncio del Papa, o nos ponemos de acuerdo en un Plan País que detenga el empobrecimiento de los venezolanos, o correrá sangre.

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Néstor Rincón @Nestorrinconf
Presidente
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