“El señor Maduro carece de atribuciones para darnos lecciones de ética” y “los venezolanos, mucho menos los abogados, estamos obligados a someternos a los dictados de una supuesta Justicia Socialista”.
En esas dos frases podrían resumirse, las 24 cuartillas a través las cuales un grupo de profesionales del Derecho, encabezados por Yvett Lugo Urbáez, presidente del Colegio de Abogados de Caracas, acompañada de varios presidentes de Colegios de abogados entre ellos Enrique Romero del estado Lara ,Nelson Riedi Cabello Estado Carabobo, Letty Piedrahita Estado Miranda , Luis Calderon Mejias Estado Anzoátegui, Jose Rosalino Medina Estado Aragua, Roberto Andery Estado Cojedes, Marlene Robles Presidenta de la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, los abogados Elenis Rodríguez, Omar Estacio, Clara Ines Casanova, Jaime Martínez y Eustoquio Martínez, demandaron la nulidad del decreto Presidencial a través del cual se creó la Misión Justicia Socialista.
Aducen los demandantes, en primer término, que el jefe de Estado usurpa funciones del Poder Judicial al pretender asumir a través del Decreto del siete del pasado mes de febrero funciones de cogobierno judicial, que corresponden, de manera exclusiva, al Tribunal Supremo de Justicia.
Además, se lee en otros pasajes del alegato, el Presidente al intentar imponer principios éticos de acuerdo a sus convicciones personales viola convenios internacionales, obligantes en Venezuela, que reservan tal materia a los organismos internos de nuestro gremio. “Nosotros estamos abiertos a debatir con cualquier persona y en cualquier foro, los preceptos éticos de nuestra profesión. Lo que no vamos a aceptar son imposiciones de funcionarios públicos, no importa su jerarquía, carentes de atribuciones para ello”.
Prosiguen los abogados demandantes; “Con la pretendida adscripción de la Misión Justica Socialista a la Universidad Bolivariana de Venezuela se pretende darle al Decreto un barniz académico que tampoco tiene. Pero aun en este caso, se viola el artículo 109 de la Constitución y los preceptos, 4, 6 y 9 de la Ley de Universidades, que consagran la autonomía académica, pues el Decreto obliga a la mencionada universidad que adelante sus pretendidos estudios e investigaciones bajo los postulados propios del supuesto socialismo.”.
La Constitución – concluyen los demandantes- en su artículo 26, fija los parámetros aplicables a la Justicia en Venezuela. En ninguno de los enunciados de tal precepto se alude a llamada “Justicia Socialista” como se pretende en el Decreto.
Los juristas recurrentes, anuncian el ejercicio de todas las acciones, internas y en el ámbito internacional para enfrentar lo que consideran una escalada contra la abogacía independiente, la cual en el ámbito de NN UU, ha sido calificada como un presupuesto indispensable para la vigencia de los derechos humanos.