El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una nota de prensa este viernes para fijar posición sobre lo que está ocurriendo en Venezuela e instar a los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) a coordinar acciones diplomáticas, para encontrar soluciones pacíficas, democráticas y completas.
A continuación puede leer la misiva íntegra traducida del inglés:
Departamento de Estado de los Estados Unidos
Nota de prensa
Washington, DC
Junio 16, 2017
Las Américas deberían defender la democracia venezolana con diplomacia
La diversa familia de naciones en las Américas reconoce que la democracia es una parte de nuestro ADN colectivo. Hace 16 años, en Perú, subrayamos este principio con la adopción de la Carta Democrática Interamericana, afirmando el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y obligando a nuestros gobiernos a defender ese derecho.
La Organización de Estados Americanos (OEA) nos ha proporcionado desde hace décadas un foro para discutir nuestros mayores desafíos y actuar juntos para abordarlos. El desafío que tenemos hoy ante nosotros es la espiral de muerte de la democracia en Venezuela.
Históricamente, la OEA ha respondido eficazmente a los golpes militares que usurparon, o trataron de usurpar, el poder de los gobiernos elegidos democráticamente. Mientras esos golpes militares quedan cada vez más en el pasado, las lecciones más complicadas del “auto-golpe” del régimen de Fujimori en Perú -disolviendo el Congreso, apoyándose en el poder judicial y militar para perpetuarse en el gabinete bajo una nueva Constitución- dieron paso a la creación de la Carta Democrática Interamericana.
En la Venezuela actual, el gobierno de Nicolás Maduro ha socavado deliberadamente el camino constitucional.
Desde que la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional en 2015, el Poder Legislativo ha sido sofocado sistemáticamente por el gobierno de Nicolás Maduro, negándole la facultad de aprobar leyes y declarándolo “en desacato” para despojarlo de todas sus competencias constitucionales.
Maduro también usurpó el derecho de la Asamblea Nacional de nombrar nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, derecho claramente previsto en el artículo 296 de la Constitución de Venezuela.
Cuando el pueblo venezolano trató de someter a su gobierno a un referendo revocatorio, el Ejecutivo se escondió detrás de vagas denuncias de fraude no sustentadas para retrasar el proceso; y cuando quedó claro que el gobierno perdería la consulta, se comprometió a un diálogo fallido.
El artículo 72 de la Constitución venezolana estipula claramente que todos los cargos públicos cubiertos por el voto popular están sujetos a revocación -un concepto que el ex presidente Chávez defendió vigorosamente para recordarles a los políticos que olvidan las necesidades de su pueblo. De hecho, Chávez ganó y perdió referendos; Maduro eludió uno.
Maduro depende cada vez más de los militares de Venezuela para controlar la economía, intimidar a los opositores y suprimir el descontento popular. Más de 331 civiles venezolanos están siendo detenidos y procesados por tribunales militares en juicios secretos. Sin embargo, el artículo 261 de la Constitución de Venezuela establece claramente que la jurisdicción de los tribunales militares se limita a los delitos de carácter militar. La propia Fiscal General de Venezuela, nombrada por el entonces presidente Hugo Chávez en 2007, condenó los juicios y se le negó el acceso a los prisioneros.
El gobierno de Maduro ha tenido todas las oportunidades de regresar al camino de la democracia. El pasado mes de noviembre, en conversaciones supervisadas por el Vaticano, prometió en una declaración conjunta con la oposición que permanecería “estrictamente dentro del marco constitucional, por una vía democrática, pacífica y electoral”. El régimen no cumplió ninguna de sus medidas ni compromisos establecidos en las conversaciones y en su lugar, ha continuado saboteando la democracia de Venezuela.
Frente a una economía desmoronada y una insatisfacción popular masiva, el régimen de Maduro está destruyendo los últimos vestigios del orden democrático. La última propuesta del gobierno ha sido iniciar un proceso de Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la Carta Magna de Chávez y eliminar instantáneamente a la actual Asamblea Nacional, la Fiscal General y a otras instituciones existentes, pisoteando el sufragio popular y otros requisitos constitucionales.
Cuando un gobierno rompe con la democracia, debemos actuar en solidaridad con su pueblo. No a través de la intervención o interferencia, sino con la diplomacia y la mediación entre todas las partes para ayudar a encontrar una solución pacífica, democrática y completa.
Debemos preguntarnos: si estas cosas estuvieran sucediendo en nuestros propios países, ¿no querríamos que el resto de nuestra familia de naciones americanas hablara y tratara de ayudar a restablecer las libertades democráticas fundamentales y el respeto a las instituciones constitucionales?
Los efectos indirectos de la crisis venezolana son serios y crecientes, ya sea por el amplio flujo de inmigrantes en los países de la región o la proliferación de actividades delictivas que afectan al Caribe en particular. Todos nuestros países tienen una participación directa en encontrar una solución negociada que restaure la ley y la prosperidad económica a nuestro vecino en problemas.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos es el lugar para que nos unamos como región y actuemos para impulsar negociaciones en Caracas que devuelvan el respeto a la democracia, poner fin a la violencia polarizadora y ayudar al pueblo venezolano a reclamar sus derechos democráticos y poder.