Los personajes de comiquitas que representan actualmente, el liderazgo opositor en Venezuela. Es risible, por decir lo menos, que la dirección nacional de un partido que se autocalifica de opositor se reúna para discutir si es conveniente o no pronunciarse y cómo calificar el flagrante (público y notorio) crimen cometido contra Oscar Pérez y sus compañeros, por parte de delincuentes comunes conjuntamente con la FAN y los organismos de seguridad del Estado.
La dirección política opositora debe abandonar los cenáculos de las cuatro paredes de sus organizaciones, donde elaboran políticas y estrategias sobre espejismos de vectores de fuerzas que supuestamente les depararán cuotas de poder, para elaborar la agenda de lucha en la calle: al calor de la gente.
Es una perogrullada ratificar que Venezuela se encuentra ante un punto de inflexión cuya situación no podrá mantenerse in-modificada en el cortísimo plazo; sin embargo, sin pretender ocupar el target de Mr. Popó, Adriana Azzi, Dos Santos y Hermes, entre otros, la alternativa ante la actual situación dictatorial del régimen chavista es el cambio y ello comporta varias opciones que es necesario analizar. Lo primero a tomar en consideración es que estamos ante una ética de la emergencia signada por lo contingente (lo que puede ser mas no ser). Inserta en esa premisa podemos agrupar las opciones en dos grupos: de facto y de jure. La situación de facto podría ser la transición política pactada, la intervención militar extranjera, la rebelión popular y el golpe de Estado de cualquier signo, así como la profundización del autocratismo al margen de la constitución y las leyes. Las opciones de Jure serían la elección presidencial, la destitución del presidente, la renuncia del presidente, el llamado a una auténtica Asamblea Nacional Constituyente apegado a lo señalado en la Constitución Nacional, y el referéndum revocatorio. Creemos que no se debe negar ni descalificar ninguna forma de lucha. Asimismo, es ingenuo, a la luz de los acontecimientos, seguir pregonando la vía pacífica como única salida a la actual crisis. Ante la violencia de la dictadura la sociedad democrática tiene el legítimo derecho de recurrir a la violencia para restaurar el sistema democrático, el Estado de derechos y el régimen de libertades, todo ello previsto en la Carta Magna. Las acciones políticas que implementen las organizaciones opositoras deben valorizarse al máximo, para que la represión que les enfrente, promovida por la dictadura, tengan para ella un alto costo de imagen, tanto nacional como internacional, tal es el caso de la brutalidad exhibida ante el asesinato de Oscar Pérez y su grupo que se hizo viral en Venezuela y el extranjero, causando un gran impacto y rechazo. Igualmente, no es descabellado pensar cuál sería el costo, para el régimen chavista, de que las fuerzas democráticas vayan unidas a un proceso de elección presidencial y derroten al candidato del oficialismo y que, el CNE declare ganador al derrotado, ante la evidencia del país y de una veeduría nacional e internacional calificada.
Es sorprendente que ante una profunda crisis humanitaria, hiperinflación, hambre generalizada, inseguridad crónica, elevadísimo desempleo, asesinatos por falta de comida y fármacos y represión, entre otros males, las organizaciones opositoras tengan dificultades en construir un discurso incluyente capaz de movilizar al país nacional. Surge ante estos hechos dos palabra que están en la punta de las lenguas, como deseo, de más del 80 % de los venezolanos: unidad y sensatez.
Creemos que se debe conformar una Alianza Nacional Democrática, que tenga como principal objetivo la reconquista del sistema democrático más allá de las alianzas electorales, y que esté integrada por las organizaciones políticas, el clero, la sociedad civil organizada, los gremios, los sindicatos, las organizaciones empresariales, grupos demócratas de la FAN, las universidades y las academias. Asimismo, ante la inminencia de un proceso electoral para elegir al presidente de la república, las fuerzas democráticas opositoras deben participar con candidato y tarjeta único, no sin antes presionar para que la convocatoria al proceso sea a través de un CNE renovado, con base a lo que establece el marco constitucional y normativo que rige la materia.