El juzgado 37 penal de conocimiento de Bogotá advirtió que prescribieron varios delitos en el proceso contra el exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz Guerrero. Sin embargo, el funcionario judicial lo condenó por las irregularidades en la venta del centro comercial Villa Country de Barranquilla.
“Estamos frente a un contubernio reprochable”, dijo el juez del caso tras cuestionar que el exjefe de la DNE y el exdepositario Camilo Bula se pusieron de acuerdo para cometer irregularidades y sacar un beneficio de la venta del predio.
El juez le dijo a Albornoz: “Usted, de forma indecorosa, de forma indecente, dispuso de bienes del Estado. Allá afuera hay miles de ciudadanos que sufren día a día buscando el pan para sus hijos y usted pensó que llegaba a un cargo público a hacerse rico”.
Y añadió: “Estudiantes de derecho, si ustedes aspiran a asumir un cargo público para hacerse ricos, por favor, no se gradúen. Está la industria, está la música, están los deportes si lo que desean es esa gratificación económica, pero no en los cargos públicos. Señor Albornoz, usted defraudó esas expectativas, no supo ostentar el cargo con el que lo gratificó el Estado”.
“No se puede decir que fue un hecho ajeno y que solo vinculaba a Camilo Bula”, indicó el juez tras señalar que sin la participación de Albornoz Guerrero no habrían logrado el éxito del “acuerdo criminal”.
Y cuestionó al hacer un recuento de las irregularidades: “En qué cueva de ladrones estamos. Bribones cuidando el patrimonio del Estado”.
El sentido del fallo condenatorio se emitió por peculado por apropiación y fraude procesal. El juez dijo que Albornoz y Bula fueron coautores de esos delitos.
El proceso está relacionado con la adjudicación y venta irregular de bienes de la mafia, específicamente por el centro comercial Villa Country , ubicado en Barranquilla. Este episodio corresponde también a los predios denominados Centro Ejecutivo 2, Casa Bello Horizonte y predio de la calle 55, ubicados en la capital del Atlántico.
La Fiscalía le había imputado los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros, fraude procesal, prevaricato, obtención de documento falso, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
El juez hizo un duro reclamo a la Fiscalía por su comportamiento durante el proceso y calificó al ente acusador de negligente y hasta temerario.
Indicó que incluso ofició durante el proceso al director de Fiscalías y al entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para que adoptaran las medidas para evitar “aplazamientos y dilaciones” y que se designara un fiscal de forma exclusiva al proceso “o al menos que le quitara carga laboral a quienes ejercían ese rol para que pudieran atender el caso e imprimirle mayor celeridad”.
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