Imagine un mundo donde la probabilidad de conseguir un trabajo, una vivienda o un préstamo dependa de un análisis de sangre. Un mundo en el que usted podría quedar confinado en su hogar y excluido de la sociedad por carecer de ciertos anticuerpos.
Por Natalie Koffler / National Geographic España
De hecho algo parecido ya ha sucedido antes. Durante la mayor parte del siglo XIX, la inmunidad a la Fiebre Amarilla dividió a las personas en Nueva Orleans, Louisiana, entre los “aclimatados” que habían sobrevivido esta y los “no aclimatados”, que no habían pasado la enfermedad. La falta de inmunidad dictaba con quién podían casarse las personas, dónde podían trabajar y, para aquellos forzados a la esclavitud, cuánto valían. Esta presunta inmunidad concentró el poder político y económico en manos de la élite con más recursos y fue enarbolada para justificar la supremacía blanca.
A algo similar podría parecerse un futuro distópico en el que los gobiernos introduzcan los llamados “pasaportes inmunitarios” en un esfuerzo por revertir la catástrofe económica de la pandemia del coronavirus. La idea es que dichos certificados se emitan a aquellos que se han recuperado y han dado positivo por anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Las autoridades levantarían las restricciones sobre aquellos que se supone, tienen inmunidad, permitiéndoles regresar al trabajo, socializar y viajar. Sin embargo, esta idea presenta tantos flecos sueltos que es difícil saber por dónde empezar.
Ya el pasado 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud advertía en un comunicado oficial que la emisión de pasaportes de inmunidad no supone una garantía. “Actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de la COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección” rezaba el documento. No obstante, la idea ha echado a correr en varios países como Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y ahora también en España.
De hecho, China ya ha introducido controles de salud virtuales, rastreo de contactos y códigos QR digitales para limitar el movimiento de personas. Chile, por su parte, en un juego semántico, dice que tiene la intención de emitir unos llamados “certificados de autorización médica” con una validez de tres meses para las personas que se han recuperado de la enfermedad.
Según se defiende desde la redacción de la prestigiosa revista Nature, cualquier documentación que limite las libertades individuales en base a la biología corre el riesgo de convertirse en un mecanismo para restringir los Derechos Humanos, aumentar la discriminación y amenazar, en lugar de proteger, la salud pública. Aquí presentamos nueve razones por las cuales sería una mala idea que los pasaportes inmunitarios llegaran a convertirse en una realidad.
– La inmunidad al COVID-19 es un misterio
Datos recientes sugieren que la mayoría de los pacientes recuperados producen algunos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero los científicos no saben si todos producen suficientes anticuerpos para garantizar una protección futura o cuánto duraría la inmunidad. Las estimaciones actuales, basadas en las respuestas inmunes a virus estrechamente relacionados como el SARS y el MERS sugieren que las personas recuperadas podrían protegerse de la reinfección durante uno o dos años. Sin embargo, si la inmunidad contra el SARS-CoV-2 imita lo que se ve con el resfriado común, el período de protección podría ser más corto.
– Las pruebas serológicas no son fiables
Las pruebas para medir los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre pueden ser una herramienta valiosa para evaluar la prevalencia y la propagación del virus, pero varían ampliamente en calidad y eficacia, lo que ha llevado a la OMS y al ex comisionado de la FDA de Estados Unidos, Scott Gottlieb, a advertir sobre su uso en la evaluación de la salud individual o del estado inmune. En este momento varias de las pruebas disponibles son lo suficientemente precisas, lo que significa que están validadas para tener al menos un 99% de especificidad y sensibilidad. Pero los datos preliminares sugieren que la gran mayoría que se pueden encontrar en la actualidad en circulación no son fiables. La baja especificidad de alunas de ellas supone que dichas pruebas miden anticuerpos distintos de los específicos para el SARS-CoV-2, lo que causa falsos positivos y puede conducir a las personas a pensar que son inmunes cuando no lo son. La baja sensibilidad de otras supone que la prueba requiera que una persona tenga una alta concentración de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 para poder medirla de manera efectiva. Esto causa falsos negativos en personas que tienen pocos anticuerpos, lo que lleva a que las personas potencialmente inmunes puedan ser etiquetadas incorrectamente como no inmunes.
– El volumen de pruebas necesarias es inviable
Se necesitarían de decenas a cientos de millones de pruebas serológicas para un programa nacional de certificación de inmunidad. Por ejemplo, Alemania tiene una población de casi 84 millones de personas, por lo que requeriría al menos 168 millones de pruebas serológicas para validar el estado inmunitario COVID-19 de cada residente al menos dos veces. El mínimo es de dos pruebas por persona, ya que cualquier persona que haya dado un resultado negativo podría infectarse más tarde y necesitaría una nueva prueba para obtener la certificación inmunológica. Además, sería necesario repetir las pruebas al menos antes del transcurso de un año para garantizar la inmunidad continua.
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