El coronavirus convirtió la compra de bebidas alcohólicas en un verdadero modus operandi en el que solo el sector informal salió beneficiado. Las restricciones que impuso el gobierno de Nicolás Maduro para evitar la propagación de la covid-19 frenaron a los sectores de la economía formal, pero no sirvieron para poner un parado a las actividades económicas “por debajo de cuerda”, que ganaron terreno en plena pandemia.
Por Roison Figuera / talcualdigital.com
Todos los sectores de la vida nacional se vieron afectados con la llegada del coronavirus y de las medidas de confinamiento impuestas por las autoridades, y la venta de licores no fue la excepción. De hecho, las licorerías fueron una dejaron de competir entre sí y dejaron el campo libre para el comercio ilícito ejecutado por el vecino que expende bebidas sin los debidos permisos, por quien importa estos productos sin el cumplimiento de la norma, por quien vende rubros adulterados -cuando se añade a una bebida avalada por la autoridad sanitaria otras sustancias- y por quien expende licores falsificados o de fabricación clandestina.
Los hechos se traducen en cifras. Representantes del sector licorero estiman que el 2020 cerró con una caída en el sector formal de 35% con respecto a 2019, mientras que describe un crecimiento de 50% en el expendio informal de bebidas alcohólicas para el mismo año.
Mientras que el sector informal gana terreno, los formales del sector licorero han sido sometidos a excesos tributarios. En plena pandemia, a los impuestos nacionales se le sumaron los municipales. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que se ordena a los ayuntamientos una armonización tributaria que solo encarece la estructura de costos.
Las medidas propician la proliferación de los informales en plena pandemia, sentencian al mercado legal al declive y al estado a perder ingresos.
Perder perder
Para el director de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas (Civea), Luis Enrique Cárdenas, se ha gestado una competencia desleal en el sector en la que mientras al legal se le cobran impuestos cuantiosos que inciden en el precio del producto, el ilegal toma dominio del mercado porque como no paga impuestos puede vender más barato, poner precios a los que los licoreros no puede llegar porque debe pagarle al Estado, cubrir las nóminas y otros gastos.
Quien vende licores de manera informal evade impuestos y eso al final afecta al Estado porque deja de percibir tributos de los operadores de la economía formal, que son los que dan sustento a la nación. Así lo explica a TalCual el administrador y docente de cátedra tributaria Camilo London.
El especialista explica que los impuestos específicos de licores tienen dos finalidades desde la perspectiva ética: la primera, desincentivar el consumo de estos bienes, y por otro lado subsanar los problemas que su consumo pueda generar en la sociedad. En pocas palabras, estos recursos deberían destinarse a cubrir gastos asociados al control y administración de esa actividad, así como lo relacionado en materia de salud y seguridad derivado del consumo de alcohol.
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