El ex comandante en jefe del Ejército de Chile Ricardo Martínez no se presentó este jueves a declarar ante la Justicia castrense por supuesta corrupción en una trama al interior de las Fuerzas Armadas conocida como “Milicogate”.
El uniformado, que renunció a su cargo el miércoles, debía presentarse esta mañana para ser interrogado por la magistrada Romy Rutherford por supuesta malversación de fondos públicos en la compra de pasajes aéreos, que podrían haber sido usados por familiares de militares.
Casi dos horas más tarde de la hora inicial de la citación ante los tribunales, Martínez presentó un “recurso de reposición” insistiendo en su petición de ser interrogado en su casa y en presencia de un abogado, algo que no está contemplado en la Justicia militar.
Según confirmaron a Efe desde el Poder Judicial, este documento debe ser formalmente revisado y resuelto por la Corte Marcial, que no se reunirá hasta el lunes, lo que aplazaría el interrogatorio hasta la próxima semana.
En la víspera, el ex comandante en jefe anunció su salida del cargo ante la plana mayor militar. “Manifiesto enfáticamente al país mi inocencia en tales imputaciones, siempre he actuado de buena fe”, dijo durante un acto en el que rindió cuentas sobre su gestión en el periodo 2018-2022.
El abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, expuso a medios locales que en el Ejército durante décadas rigió un protocolo que establecía que “la manera de ocupar los pasajes de avión era un derecho de cada persona”.
“Si viajó como comandante en jefe o en misión oficial, lo hizo siempre como un acto administrativo, con los destinos, los fondos, sin cambiar montos ni pasajes ni quedarse con la diferencia”, afirmó.
¿QUÉ ES EL “MILICOGATE”?
El interrogatorio a Martínez, que podría desembocar en su imputación, forma parte de la trama “Milicogate”, un entramado de corrupción por fraude y desviación de fondos públicos perpetrados por altos cargos del Ejército de Chile.
Después de que un medio local denunciara en 2015 supuestos desfalcos y la emisión de cientos de facturas falsas por parte del ex comandante en jefe Humberto Oviedo, que ocupó el cargo entre 2014 y 2018, la magistrada Rutherford inició una serie de investigaciones en el interior de las Fuerzas Armadas.
Oviedo fue procesado por lavado de dinero, fraude al fisco y mal uso de gastos reservados, y a su caso se suman el de otros dos antiguos jefe del Ejército: Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), imputado con los mismos cargos, y Óscar Izurieta, investigado por malversación de 6,3 millones de pesos (unos 7.700 dólares) entre 2006 y 2010.
Fuente-Alba, más conocido como “El señor de los anillos” por su supuesta afición a los autos de lujo marca “Audi”, fue proceso por un monto de más de 3,5 millones de pesos (4.300 dólares), y Oviedo, por una suma superior a los 60 millones de pesos (73.800 dólares).
EN LA ANTESALA DEL NUEVO GOBIERNO
El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, manifestó el miércoles su apoyo “irrestricto” a al Poder Judicial y aseguró que serán “activos colaboradores” en todos los requerimientos de información solicitados sobre integrantes de las Fuerzas Armadas.
“Espero que el proceso de investigación judicial esclarezca los hechos, establezca la verdad y se apliquen las sanciones de acuerdo a la ley”, señaló en un comunicado.
“Todos los ministros de Defensa han sido débiles para ejercer el control político y de fiscalización (…) Hay situaciones de tal anomalía que es imposible que el ministro no haya sido informado”, manifestó por su parte la diputada comunista Carmen Hertz.
La dimisión de Martínez se produjo una semana antes de dejar oficialmente, el cargo el 9 de marzo, y diez días antes de que tome posesión el presidente electo, Gabriel Boric.
Le sustituirá la semana que viene el general Javier Iturriaga, nombrado el pasado noviembre por el mandatario saliente, Sebastián Piñera, y hasta que llegue, de forma interina, asumirá el puesto el general Rodrigo Ventura.
La renuncia tiene lugar en plena vigencia del Estado de Excepción en varias zonas del norte y sur del país, lo que implica de facto una militarización.
En la frontera norte con Bolivia, el Gobierno decretó esta medida hace dos semanas por la crisis que mantiene a miles de migrantes irregulares copando distintas ciudades; en el sur, la medida está vigente desde octubre debido a la violencia derivada del conflicto territorial que enfrenta desde hace décadas al principal grupo indígena con grandes madereras.
EFE