El piso está mojado, el agua corre, mientras el sonido de las escobas suena en el asfalto. Más de seis hombres tienen la labor de limpiar la entrada del recinto. A pocos metros, un grupo está sentado, cabezas rapadas, tapabocas puestos. Se mantienen en silencio. Esperan al funcionario que pasará la lista y les indicará cuál vehículo deben abordar. Su destino: el Palacio de Justicia, en Puerto Ordaz.
Por Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com
Van en carros particulares de los funcionarios, una práctica muy recurrente en los centros de detención preventiva del país.
Otro escenario se observa cuando se llega al recinto carcelario. Al final del pasillo, varios hombres están sentados en el piso, en un espacio en el que a duras penas penetran algunos rayos de sol. Al entrar allí, se escucha en coro y casi al unísono un “Dios le bendiga”.
A pocos metros de ese cuarto, está otro grupo. La mirada se pierde al entrar al lugar. Los privados de libertad están sentados en el piso, en fila. Todas las miradas enfocadas en un pequeño televisor. Están viendo el partido entre Japón y Alemania del Mundial de Fútbol Qatar 2022.
Cada uno está concentrado en sus actividades. Pareciera no haber tiempo para el ocio. En estos espacios conviven unos 755 privados de libertad.
El Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo, en San Félix, pertenece a la Policía del Estado Bolívar, al sur del país.
“¡Viste que no hay mal olor!”, afirma uno de los privados de libertad, quien automáticamente responde: “Aquí todo está limpio y recogido”. Y es cierto.
Este centro de detención es espacioso y puede albergar a unos 1.500 presos. No hay bullicio, tampoco suciedad ni en pisos y paredes. A simple vista, pareciera que los calabozos que pertenecían a la Policía del Estado Bolívar (PEB) estuvieran bajo su gestión, pero no es así.
Cada construcción, mantenimiento o mejora de la infraestructura depende de la autogestión de los privados de libertad, con ayuda de sus familiares y entes públicos o privados.
Buscar sumar
“Se supone que estos sitios deberían ser centros de reinserción, en el cual los presos podamos hacer algo que le sume a la sociedad. Y en este centro nos estamos preocupando por lograr eso. Tenemos taller de latonería y pintura; uno de carpintería, en el cual hemos hecho pupitres que hemos donado a algunos colegios públicos del estado”, detalló uno de los detenidos.
Ahora han puesto en marcha un nuevo proyecto: fabricar urnas que se puedan comercializar a costos accesibles, y con ese dinero sustentar el manteniendo del recinto en el que muchos están pagando sus condenas.
“Nos gustaría que este centro se convirtiera en un ejemplo para el resto de los centros del país. Nada de lo que hemos logrado sería posible sin la ayuda de organizaciones como el Motor de Guayana, Fundación Lala, entre otras instituciones públicas y privadas que, de alguna u otra manera, han sumado su grano de arena”, añadieron.
Uno de los voceros del Centro de Coordinación Policial Guaiparo puntualizó que la intención es “convertirlo en un centro de rehabilitación”.
Allí ya tienen una barbería, también pequeñas ventas informales de jugo, dulces, y próximamente aspiran contar con una enfermería.
Uno de los privados de libertad, que tiene 46 años de edad, explicó que “durante el tiempo que permanece un compañero aquí preso, se busca que participe en proyectos, sea beneficiado en la atención social, espiritual y de salud, así como en la búsqueda de soluciones legales para cada uno”.
Una dura realidad
En su boletín informativo 34º, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) advierte: “En un país donde el sistema de justicia cuenta con un presupuesto del 0,58% de la partida anual, según datos reflejados por Transparencia Venezuela, este es un monto que no permite evitar la improvisación y mucho menos avanzar hacia un sistema de justicia expedita”.
“La falta de inversión y planificación impiden contar con procedimientos adecuados en la detención preventiva y desarrollar políticas públicas de prevención del delito y de reinserción de los privados de libertad”, detalla la ONG en su boletín.
En el caso venezolano, al Estado le conviene mantener a un detenido en una comisaría, en vez de que cumpla su pena en una cárcel, porque no desembolsa recursos para ‘pagar por su estadía’ en una penitenciaría.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no contempla en su presupuesto a los miles de detenidos que existen en las comisarías del país, con lo cual viola el artículo 272 de la Constitución Nacional, explica UVL.
El Informe anual 2021 de Una Ventana a la Libertad (UVL) registró cómo en una muestra de 335 centros de detención estudiados, el Estado no garantiza los derechos humanos de las 16.778 personas que en estos recintos están presas.
“Al ahondar en cuáles son los delitos más frecuentes como causa de ingreso en la población, apreciamos que existe un vacío de información. Solo se cuenta con datos del 8.02% del total de detenidos en los Centros de Detención Preventiva (CDP), de 1.345 casos identificados. Esto es evidencia de la falta de información que existe a nivel de sistema y expedientes, además del temor de las fuentes internas por presentar las condiciones del día a día en los CDP”, detallaron en su reciente boletín.
Cifras alarmantes
Venezuela cuenta con un total de 16.778 detenidos y un 156,54% de hacinamiento, según los datos del último informe de UVL del año 2022.
En un trabajo de la UVL, una fuente policial reveló que “al Estado le sale gratis tener a un preso en una comisaría en vez de tenerlo en una cárcel”, debido a que el Ministerio Poder Popular para el Servicio Penitenciario en su presupuesto no toma en cuenta a los más de 6.000 privados de libertad que hay en las comisarías del país, pues consideran que su competencia se limita al ámbito penitenciario.
“Uno conoce la realidad en cada calabozo y pasamos de cumplir las funciones habituales de policía para convertirnos en custodios”, añadió.
Desde las comisarías
En el artículo 272 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, se establece lo siguiente: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.
Aunque el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario afirma cumplir con esta premisa constitucional, varias son las denuncias de familiares y hasta de privados de libertad que desmienten eso.
Las familias de los privados de libertad no están exentas a la crisis que se vive actualmente en Venezuela, donde el sueldo mínimo es menor a 15 dólares. A diario deben trasladarse hasta la comisaría para llevar las tres comidas a sus parientes y, en casos extremos, una sola porción de alimentos.
Aunque un declarante destacó que a través de varias fundaciones se gestionan jornadas de entrega de alimentos, todo es una lucha constante. “Acá tienen la facilidad de que pueden cocinar aquí adentro, es decir, con un kilo de arroz varios comen, y así pues”.
Lo cierto es que hasta que no se implemente una política pública a corto, mediano y largo plazo, que se enfoque en la rehabilitación y la reinserción social de quienes hoy están detrás de las rejas, muchos privados de libertad y sus familiares seguirán sufriendo las condiciones infrahumanas que imperan en las cárceles venezolanas.