Con sus togas puestas, miembros del Frente Nacional de Abogados, La Voz del Gremio, Funda Preso y el Movimiento de Unidad Gremial, protestaron este jueves frente al Palacio de Justicia de Valencia para denunciar las irregularidades en el sistema de justicia que, aseguraron, atentan contra los derechos de los justiciables y de los abogados privados.
Corresponsalía lapatilla.com
Ramón Carmona, miembro del Frente Nacional de Abogados, indicó que el denominado “Plan Cayapa”, llevado a cabo por las autoridades de la administración de Nicolás Maduro, limita el libre ejercicio del Derecho al no permitir la participación de abogados privados en la defensa de los justiciables.
Además, manifestó que el “Plan Cayapa” es solo una forma que tiene el poder judicial de “reconocer el fracaso” y tratar de resolver el retraso procesal que causan los tribunales.
“Si los tribunales no causaran retraso procesal, no tendría por qué existir el Plan Cayapa. Pero, aparte de eso, ese Plan Cayapa le coloca el hecho de que los abogados litigantes, los abogados en ejercicio, no podemos participar en este Plan Cayapa, cosa que es totalmente inconstitucional (…) Están reenviando unas circulares a nivel de los diferentes Palacios de Justicia del país, donde hablan de sanciones para los abogados que ejerzan sus derechos, es decir, al abogado que haga sus apelaciones y ejerza sus recursos que están perfectamente establecidos en la ley”, afirmó.
Por su parte, Noé Mujica, presidente del Frente Nacional de Abogados, indicó que se están designando jueces sin cumplir con los requisitos que establecen las leyes, hecho que altera la correcta administración de justicia.
“Nosotros venimos señalando e insistiendo que la causa que afecta gravemente que no haya administración de justicia en Venezuela es la violación flagrante del artículo 255 de la Constitución de la República, que establece que para acceder a la carrera judicial o para ser juez de la República necesariamente tiene que pasar por un concurso de credenciales de conformidad con la ley, no puede ser a dedo”, señaló.
Explicó que todas estas irregularidades atentan contra el debido proceso y los derechos humanos de los justiciables.
“Hay casos reiterados de violación a la Constitución, porque los jueces no cumplen con la función de administrar justicia. Mantener privado a alguien de libertad sin respetar las normas constitucionales, se constituye en un gravísimo acto de corrupción”, manifestó.
Mujica le hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional a estar atentos a estos casos que violan los tratados internacionales en materia de derechos humanos.