Alto Comisionado para DDHH de la ONU pide transparencia respecto a inhabilitaciones en Venezuela

Alto Comisionado para DDHH de la ONU pide transparencia respecto a inhabilitaciones en Venezuela

Consejo de DDHH aprobó renovar por dos años más la Misión ONU para Venezuela

 

El Alto Comisionado de la Oficina para DD.HH. de la ONU (ACNUDH), Volker Türk, presentó el Informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela, y como parte del resumen del Informe, se expresa que “De conformidad con la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, en el presente informe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas anteriormente por su Oficina a la República Bolivariana de Venezuela”.

En el texto, Türk llamó al régimen de Venezuela a garantizar el debido proceso de procedimientos con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos.

Türk instó a “garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos”, que según la sociedad civil venezolana se trata de un mecanismo del gobierno para “perpetuarse” en el poder.

Además, pidió investigar con “prontitud, independencia, imparcialidad y eficacia” a “todos” los niveles de responsabilidad, las presuntas violaciones a los derechos humanos en el país.

“Venezuela debe adoptar medidas para prevenir, mitigar y sancionar todo ataque, intimidación y criminalización con voces consideradas disidentes, y asegurar la participación significativa, inclusiva y vial de los actores, para garantizar el pleno disfrute del espacio cívico”, expone en sus conclusiones.

Nuevamente instó a las autoridades judiciales a liberar “inmediatamente” a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente.

Aunque el ACNUDH reiteró el llamado a levantar sanciones sectoriales que “exacerban los desafíos preexistentes”, insiste en que el Estado venezolano debe tomar medidas para lograr progresivamente la plena realización de los derechos económicos y sociales.

En ese sentido, precisa que la inflación y la devaluación del bolívar “obstaculizaron” los niveles de ingresos necesarios, dificultando las condiciones necesarias para disfrutar de un derecho a la vida adecuado.

Entre otras recomendaciones presentadas por el ACNUDH, se encuentran “el establecimiento de mecanismos para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de información pública de la sociedad civil”; la reactivación del proceso de demarcación de las tierras indígenas; tomar medidas para dar fin a actos de estigmatización por parte de funcionarios públicos contra defensores de DD.HH., periodistas y trabajadores sindicales, así como adoptar medidas para garantizar el disfrute del derecho a la salud, incluida la despenalización del aborto.

Türk también recomendó que se acelere la adopción del proyecto de ley sobre igualdad de género pendiente en la Asamblea Nacional; que se garanticen investigaciones y procedimientos judiciales “rápidos” e “independientes” en los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad y protestas, denuncias de torturas u otras formas de malos tratos y “detenga, procese y castigue” a los responsables, “incluidos los superiores jerárquicos, de conformidad con el derecho internacional”.

Además, recomendó establecer un “plan de regularización que permita a las emisoras de radio acceder al uso del espectro radioeléctrico en condiciones que garanticen la pluralidad informativa y la seguridad jurídica”.

El Alto Comisionado precisó que en el período que abarca el informe, documentó el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país, así como el bloqueo de 44 sitios web.

El informe se centra en los acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico, registrados entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023 y será debatido en el Consejo de DDHH de la ONU el miércoles.

 

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