Cientos de venezolanos en todo el mundo, entre ellos defensores de DDHH, esperan respuesta a sus solicitudes de refugio, mientras en su país persiste una emergencia humanitaria compleja, así como denuncias de constantes violaciones a los derechos fundamentales, en un contexto electoral.
Desde hace 25 meses el activista e investigador de derechos humanos venezolano Rigoberto Lobo Puentes y su familia esperan por el estatus de refugiados en Buenos Aires, Argentina, a donde, en principio, llegaron de manera temporal el 12 de diciembre de 2021.
Por VOA
Se sienten bien recibidos y tienen residencia permanente, pero siguen sin obtener respuesta a su solicitud de refugio: durante el gobierno de Alberto Fernández esos trámites estuvieron “congelados” y, en medio de la conflictividad interna, considera que no es una prioridad para el de Javier Milei.
Cada 90 días Lobo debe presentarse ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) para sellar sus documentos y mantener actualizada su información. También debe notificar y solicitar permiso en caso de que deba viajar a otro país, una situación que, sostiene, viven unos 4.000 venezolanos en Argentina.
“Por un lado tengo un agradecimiento muy importante, aquí nos sentimos cálidos, recibidos, por el otro está esa situación”, dice a VOA.
Sobrellevar el peso emocional es de los aspectos más complejos a los que los refugiados deben hacer frente, dice Lobo, que admite haber pasado recientemente por momentos de paranoia y estrés al surgir casos como el del exmilitar venezolano que estaba refugiado en Chile donde fue secuestrado y posteriormente asesinado.
“Estás en otro lugar y te sientes seguro, porque el contexto te da cierta seguridad, pero el miedo no desaparece, el miedo siempre está ahí”, admite en medio de su larga espera.
Revictimización
Según cifras de la Conare presentadas por solicitud del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), en Argentina, entre 2018 y 2022 hubo 6.272 solicitudes de refugio de venezolanos de las que solo 314 han sido reconocidas. En 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri fue fueron aprobados 294 casos, la mayor cifra en ese período.
Para el 13 de mayo de 2024, del total de solicitudes que se encontraban pendientes por resolución por parte de la Conare, 4.670 estaban en condición de iniciar procedimiento de caducidad, por “falta de impulso procesal de su titular”.
Si bien se desconocen las causas, es posible que se atribuya a la ausencia de avances de las entrevistas, expone un trabajo elaborado por CADAL y Promedehum, una organización sin fines de lucro que defiende, educa y promueve los DDHH, con énfasis en la libertad de reunión y asociación pacífica fundada por Lobo.
Para el activista, los refugiados, a diferencia de los migrantes, no están en la agenda de los gobiernos ni de muchas organizaciones y afirma que, al no haber respuestas, especialmente, en casos en los que no existen plazos preestablecidos respecto a las resoluciones de los casos, hay una revictimización.
“Son procesos bastante duros, de los que muchas personas desisten continuar, porque además debes sobrevivir en el día a día. Creo que los gobiernos deben ser más sensibles, pensar que no es gente que les viene a quitar algo, es gente que tiene historias traumáticas, hay una ola en el mundo anti migrantes y anti refugiados”, estima al destacar las importantes contribuciones de los refugiados.
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