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Venezuela sufre hoy una situación de bloqueo en la que desafortunadamente todo puede ocurrir. El régimen Chávez-Maduro bloqueó la relación de confianza entre la ciudadanía y el Estado al perder la esencia de la democracia: la separación de poderes y el funcionamiento de la institucionalidad conforme a la Constitución, brindando garantías a los ciudadanos, pues todo está subordinado a Miraflores.
Marta Lucía Ramírez
Hoy no es creíble lo que digan el TSJ ni el CNE. La comunidad internacional debe apoyar firmemente las manifestaciones ciudadanas, presionando una salida pacífica que otorgue a Nicolás Maduro las garantías para entregar el poder con veeduría internacional, pero sin caer en la trampa de dilatar y dilatar, como pretenden quienes solo ahora piden las actas que debieron exigir hace ocho días.
Hemos sido testigos del debilitamiento deliberado de las instituciones venezolanas, la erosión de su aparato productivo y la destrucción de la confianza ciudadana. Se necesitaba un milagro para revertir esa postración, y el milagro es María Corina Machado. Varios de la oposición la bloquearon por “radical”, pero está comprobado que con corruptos y dictadores no se puede negociar.
Se debe apoyar a los venezolanos a pesar de la lucha desigual que están dando por sus libertades. Hay esperanza gracias a muchos jóvenes que no conocieron la prosperidad del pasado, porque nacieron bajo la manipulación populista del chavismo y hoy luchan por el futuro de su país a riesgo de sus vidas. Conmueve verlos enfrentar al régimen opresor y a la criminalidad rampante facilitada por su “gobierno”.
Human Rights Watch documentó 15.756 detenciones arbitrarias y 19.000 muertes entre 2016 y 2019 bajo la excusa de “resistencia a la autoridad”. La Alta Comisionada de la ONU para Ddhh, Michelle Bachelet, en su reporte de 2017, había señalado múltiples y sistemáticas violaciones a los Ddhh, y Reporteros Sin Fronteras señala la escasa libertad de prensa. Venezuela ha producido la migración forzada de aproximadamente ocho millones de personas, de las cuales hay más de tres en Colombia.
La OEA, la MOE y el Centro Carter demuestran técnicamente que no es veraz la supuesta votación con la cual el CNE anunció la reelección de Maduro con 5.150.092 votos, cuando su hijo, en entrevista radial, confesó que no han mostrado actas porque aún el CNE está sumando votos.
Por el contrario, las actas que diligentemente los testigos electorales de Edmundo González custodiaron y han publicado comprueban indiscutiblemente su victoria, lo que explica la negativa a recibir a los invitados de la oposición para la jornada electoral, como sucedió a varios expresidentes latinoamericanos, políticos, periodistas europeos y a mí, hasta el extremo de cerrar los cielos a tres vuelos de Copa para hacernos desistir de tomar el nuestro a Caracas.
Los líderes del mundo deben rechazar la pretendida reelección, reconociendo a Edmundo. Desde el cierre de las urnas, ha habido una arremetida sanguinaria del régimen, con torturas, detenciones arbitrarias y muertes de inocentes por exigir el reconocimiento de la verdad electoral. No se trata de un simple “interés partidario”, sino de la masacre de una población por quienes usurpan las instituciones.
Ojalá el fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional acelere su investigación y, con carácter urgente, solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares la aplicación del artículo 58 ordinal 1, literal B, del Tratado de Roma, para producir órdenes de detención que impidan que se siga cometiendo el catálogo de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano indefenso.
Es oprobiosa para la historia de América Latina la actitud tolerante de los presidentes Lula, López, Petro y de Celso Amorín, otrora diplomático muy respetado, pues su preferencia política los colocó del lado de un régimen autoritario, dispuesto a todo para entrar en la fase final de la toma total del control de una Nación, como sucede en los casos lamentables de Nicaragua y Cuba.
La consolidación de esta dictadura y sus vinculados sería de enorme gravedad para la región, pero para Colombia significaría el comienzo del colapso tanto por el costo inmenso de absorber uno, dos o tres millones de nuevos migrantes venezolanos, con una situación económica tan crítica, como porque quedaría abierta la colaboración explícita entre un dictador y un presidente con rasgos populistas y totalitarios.
Nota publicada originalmente en LA REPÚBLICA el 6 de agosto de 2024